En vano, me he obligado a darme un buen tute intentando cobrarle ley a esta pulsión que muestran muchos representantes políticos de Catalunya en imponer su “llengua patria” incluso en los rótulos de nuestros comercios. Después de darme semejante panzada, todavía me ha sido preciso recurrir a la cruz y los ciriales para hallar sólo un punto digno de elogio. A diferencia de otros apartados de las leyes lingüísticas, en este concreto asunto y más aún en lo referente a las sanciones recaudatorias, sí aplican con celo el código legal vigente y no emplean, raro en ellos, la ley del embudo. En descargo de estos amantes de la imposición taxativa queda que la normativa legal no fue escrita en agua y aquellos que ahora descubren que no mancha linaje alguno el recurrir al Tribunal Constitucional en cualquier país democrático, entonces (1998) renunciaron a hacerlo. En casos contados, el encabezamiento de un negocio privado debería ser objeto de tanta atención por parte de nuestras autoridades y con más razón todavía en los tiempos que corren. Al hilo de lo anterior, como es de ley en cualquier democracia que se precie, sólo nos resta, a quienes no estamos de acuerdo con este orden de barbaridades legislativas, derogarlas en sede parlamentaria tan pronto como la oportunidad y los desequilibrios parlamentarios lo permitan. Dialogar con unos interlocutores que a calzoncillo quitado han sentenciado que en lo concerniente a esta materia no hay nada que hablar (tema sagrado), se me antoja misión harto difícil para el más pintado en este terruño. A buen seguro, inclusive cercado de adversarios con la declarada intención de hablar menos que mudos roncos, procede llevarse el gato al agua en buena lid. Para empezar, en las formas ya tropezamos con descuidos argumentales que no dicen mucho a favor de ellos por la colosal contradicción que adquiere relieve cuando profundizamos en cuál es el propósito de todo código lingüístico: la comunicación. Vaya, que allá se las compongan si no encuentran que entre las radicales posturas, no decir ni mu o hablar más que un ropero en día de fiesta, habita el término medio del que nos advertía el heleno filósofo. A más de la “exclusión” que desprende el concepto de la consabida Ley de Política Lingüística en lo tocante a la preferencia de sólo una de las más significativas lenguas propias que tenemos los catalanes, es de sentido común que imprime mejor en el ánimo colectivo el premio que el correctivo. No me hallarán hablando a tontas y a locas pero tampoco al paladar; por lo tanto, me resulta inexcusable no referirme al fondo de la polémica suscitada por la imposición, en rótulos de comercios, de la “llengua patria” de quienes menudean en torno al ultracatalanismo. En qué beneficia a nuestros tenderos coartarlos en la elección de las lenguas que mejor les convengan para hacer sus negocios más rentables y competitivos. Por descontado, las sanciones a las que, llegado el caso, han de hacer frente ni favorecen a los vendedores ni al conjunto de la población como potencial cliente, al menos en cuestiones pragmáticas. Además, en coyuntura de globalización de la economía, a qué inversor extranjero seduce traba accesoria o el obstáculo de no poder utilizar, cuando lo estime oportuno, sólo la lengua que le venga en gana, siquiera para este menester, con todo el poder selectivo que ello representa en subjetivas y legítimas políticas de imagen. Para rematar, sé que para algunos en Catalunya poner ahora sobre el tapete discrepancia alguna sobre el constreñido espacio de libertad en asuntos lingüísticos tiene la gracia como las abejas, en el culo. Qué voy a hacerle, en mi particular idioma el acento no recae en la formalidad sino en su uso mondo y lirondo… boca de verdades, cien enemistades.