BIEN HECHO, ES ILEGAL, ESTO ES ESPAÑA. Y AL QUE NO LE GUSTE: PUERTA.

Legión son los que desde instituciones públicas en Catalunya -ayuntamientos- se arrogan facultades que nadie en democracia les ha otorgado. Sin embargo, con las facultades que legalmente sí son inherentes al ilustre cargo de alcalde, sólo me resta interpelar a nuestros contemporizadores representantes democráticos (legislativos, ejecutivos y judiciales) para que tengan seriamente en consideración la necesidad de inhabilitar para las funciones que la pública ocupación trae aparejadas con urgencia a aquellos que incurren en flagrantes alcaldadas contra el “desamparado” ciudadano. La impunidad con la que actúan últimamente, amén de ser enormemente preocupante, socaba toda confianza en una ley que ha de mantener, sin excepción alguna, a todos los hijos de vecino bajo su imperio pero también bajo su paraguas protector. Muchos de aquellos de los que con más razón deberían predicar con el buen ejemplo ante el pueblo llano para alcanzar cierta autoridad moral ante sus convecinos, son los primeros en desprestigiar el ordenamiento jurídico establecido al vulnerar el código legal vigente. Los mismos que no vacilan un instante en aplicar la misma ley que ellos mismos incumplen con desmesurada saña para extorsionar ciudadanos por motivos ideológicos, lingüísticos, recaudatorios… o por complicados e inexplicables delirios de grandeza. En resolución, al tiempo que demasiados alcaldes se jactan públicamente de incumplir preceptos legales, discriminar “antipáticos”, excluirse moralmente de la Constitución e incluso mofarse de los que osen desde el mero y liso rango de ciudadano llamarlos al orden; ahora hasta la coyuntura tecnológica también podría formar parte de los mecanismos que les permitiesen perfeccionar sus abusos, armados de simples y versátiles cámaras de fotografía digital, al registrar todas aquellas infracciones que la diligencia de sus subordinados esté en disposición de recoger y, sin embargo, posteriormente multar selectivamente con el ardid de evitar dejar la notificación de la sanción en el limpiaparabrisas de los vehículos bajo peregrinas excusas: la intolerancia y el sectarismo ideológico unido a la perentoria necesidad de financiación local pueden agudizar el ingenio que es un primor.
-Ambivalencia moral-
En el plano de la objetividad, estoy de acuerdo con quienes afirman que la Ley ha de cumplirse. Harina de otro costal es que desde ciertos postulados podamos considerar una determinada ley inapropiada, por intervencionista en exceso, e innecesaria como la que regula el idioma (al menos en catalán) en el que ha de estar los rótulos de cualquier negocio en Catalunya. En tal caso, sólo nos resta, con la legitimidad que nos otorga la Democracia, derogarla o modificarla cuando los desequilibrios parlamentarios lo posibiliten. En Madrid, por traer a colación un espejo en el que, guste o no, en Catalunya nos miramos con el rabillo del ojo a más no poder, se puede rotular un comercio “sólo” en catalán, bereber o chino cantonés sin que por ello exista un código legal por el que se sancione al propietario del hipotético establecimiento. La ausencia de reglamentación en tal sentido, que haya trascendido a la opinión pública, no ha ocasionado contrariedad o desorientación en ciudadano alguno. En lo tocante a la legislación vigente, en Catalunya, podemos fácilmente apreciar cómo, infinidad de nuestros representantes políticos, no sólo incumplen el código legal vigente (art. 56 del RDL 339/1990, art. 138 del RDL 1428/2003) en lo referente al código lingüístico en el que, como mínimo (castellano), han de utilizar en señales de tráfico (con la facultad de añadirles tantos idiomas oficiales como les venga en gana -catalán, gallego, vascuence-) sino que, además, se dan trazas en sancionar “ilegalmente” a conductores de vehículos e irse de rositas. En suma, las más de las veces, el nacionalista parcelario demuestra con gran destreza una ambivalencia moral digna, por sí sola, de toda una tesis doctoral.